En Bolivia, los cambios institucionales producidos en 2004, rompieron el monopolio que tenían los partidos políticos en la representación política y abrieron el escenario político para la participación de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, en procesos electorales. Esos avances fueron la antesala para que en 2018, en el marco de los preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de 2009, se promulgue la Ley N.° 1096 de Organizaciones Políticas.

Dentro de un contexto de crisis sanitaria mundial completamente inesperado, 2020 ha significado uno de los mayores retos para la democracia boliviana. Las prioridades de todos los países se volcaron para contener los perniciosos efectos que la pandemia de COVID 19 generó en los sistemas de salud, económicos, sociales y políticos.

Desde la elección de 2019, Bolivia atraviesa una fase de alta incertidumbre y múltiples riesgos en un escenario de polarización. Los comicios fueron anulados en un ambiente de crisis social y política, y la Asamblea Legislativa encarriló la realización de una nueva elección en 2020 a través de la aprobación por unanimidad de las reglas de juego de esa consulta. La nueva cita electoral pone a prueba la madurez de la cultura política democrática del pueblo boliviano y de los actores políticos, la institucionalidad del Estado y la fortaleza del Órgano Electoral.

La lucha y el trabajo que encabezan las mujeres por tener mayor acceso a los espacios políticos y de toma de decisión en los últimos años dio frutos y se plasma, por ejemplo, en reformas legales, constitucionales e institucionales como la aprobación de leyes de cuotas y de cumplimiento de la paridad y alternancia. Sin embargo, si bien la participación fue en aumento, se debe tomar en cuenta dos elementos de vital importancia cuando se habla de la participación política de las mujeres: por un lado, el incremento del acoso y la violencia política; por el otro, la efectiva participación en la toma de decisiones, que va más allá de ocupar un curul o ser electa para un cargo.

En la era de la información –la “sociedad red”, como acuña Castells–, las tecnologías de la comunicación e información (TIC) tienen una presencia cada vez más ineludible y relevante. Esa presencia se traduce en interacción e influencia en diversos campos, uno de los cuales es el campo político, el debate público, las democracias. ¿Cómo las nuevas y novísimas tecnologías, en especial esa vigorosa emergencia llamada redes sociales virtuales, inciden sobre el régimen democrático? O mejor: ¿qué hacen las tecnologías de información y comunicación con las democracias? ¿De qué modo intervienen en su ejercicio?

En los últimos tiempos se observa un protagonismo emergente de movilizaciones juveniles callejeras y de sus versiones en redes sociales digitales. La defensa del medio ambiente, los derechos de los animales, la despenalización del aborto, la igualdad de derechos sexuales y reproductivos, la defensa de la democracia, entre otros, están en la agenda de este segmento de la población… Por ello la importancia de analizar y conocer los reposicionamientos juveniles en los actuales contextos políticos.

El domingo 3 de diciembre de 2017, las bolivianas y los bolivianos fuimos convocados a las urnas para elegir, por segunda vez en nuestra historia, a las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Serán estas autoridades quienes, a partir de enero de 2018, den forma, ritmo y talante a la administración de justicia, que hoy acusa una multivariada crisis que –idealmente– tendrán que contribuir a revertir. Enorme desafío.

Uno de los cambios fundamentales asumidos en Bolivia con la nueva Constitución Política del Estado es el reconocimiento, con igual jerarquía, de tres formas de democracia: representativa, directa y participativa y comunitaria. Estos cambios en el Estado y en la democracia requieren una nueva naturaleza y orientación de las organizaciones políticas y la institucionalidad que conlleva, con el propósito de que no sólo se concentren en competir en elecciones por cargos de gobierno y de representación, sino que definan su organización y desempeño en el horizonte de la democracia intercultural y los diversos actores que dan vida a la misma. La Ley de Organizaciones Políticas, como parte del desarrollo constitucional y del diseño institucional en el nuevo Estado Plurinacional con autonomías, se inscribe en ese desafío. Por ello ha sido asumida como parte de la agenda del Órgano Electoral Plurinacional y, en ese marco, es el tema central de este número de Andamios.

Charagua Iyambae en el departamento de Santa Cruz, Uru Chipaya en Oruro y Raqaypampa en Cochabamba – las únicas tres AIOC con estatutos autonómicos aprobados y en vigencia – enfrentan grandes desafíos de cara al autogobierno: uno de ellos, quizá el más significativo, es lograr una diferencia sustancial con la visión municipal, tanto en la implementación de sus sistemas de gobierno como en la gestión pública indígena e intercultural. Asimismo, el ejercicio diverso de saberes y prácticas democráticas constituye un ámbito fundamental de la democracia intercultural en las AIOC. Otros desafíos complejos tienen que ver con visiones alternativas del desarrollo y con la administración de justicia según autoridades, sistemas, conocimientos y saberes propios.

Este número de la revista analiza el contexto político del Referendo Constitucional 2016, enfocándose en las campañas que fueron desarrolladas a través de las redes sociales por ambas opciones puestas en consideración de la población; asimismo, en los efectos políticos de la consulta y los escenarios que plantean los resultados obtenidos. Otro tema de análisis es el fortalecimiento de los derechos ciudadanos como ser el horizonte de la democracia paritaria intercultural y la atención de las demandas de la población transexual y transgénero con la aprobación de la Ley de Identidad de Género.

Este primer número de la revista analiza el Referendo de Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas celebrado a fines del año 2015. Contiene una lectura panorámica acerca de la normativa, los actores y los resultados en La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. Especial atención reciben las consultas realizadas en Charagua Iyambae y Totora Marka, pues dan cuenta del enorme desafío de las autonomías indígena originario campesinas, y de lo extraordinaria y compleja que es la interacción/complementación entre la democracia comunitaria y el autogobierno indígena con la ampliación de la democracia directa y participativa.